SEGUROS DE SALUD Y ADULTOS MAYORES: LA GRAN
DISCRIMINACION
José Nagel. Investigador Cendec.
En estos días se ha conocido la noticia del aumento de
la migración de afiliados de ISAPRES al sistema FONASA lo que ha sido leído,
por algunas autoridades, como algo positivo. Se ha sabido, también, que una
motivación importante para migrar es la de disminuir los costos mensuales de
salud con la esperanza de, al cotizar menos, con la diferencia poder adquirir
un seguro complementario que permita atenderse con proveedores públicos o
privados.
Al margen de las dudas respecto a la posibilidad real
de que un sistema público ya colapsado pueda atender a una masa importante de
nuevos afiliados, cabe preguntarse cuan cierto es que un adulto mayor pueda contratar
seguros complementarios que le permitan acceder a una buena atención.
Una rápida revisión del mercado de seguros de salud
permite obtener algunas conclusiones evidentes.
a)
El primer problema
se relaciona con los costos de los seguros. En todas las aseguradoras hay una
escala ascendente de precios de las primas en la medida que el postulante tiene
mayor edad llegando, en el caso de los adultos mayores, incluso a cinco veces
el valor de lo que se cobra a una persona joven.
b)
Por otra parte, las
condiciones de ingreso son diferentes y discriminadoras. Las llamadas
preexistencias limitan el tipo de prestaciones justamente para aquellos que más
requieren que sus dolencias sean atendidas y cubiertas por los seguros. A mayor
cantidad de enfermedades previas más difícil resulta encontrar un seguro y
menores son los beneficios que se pueden obtener. Esto, en circunstancias que,
justamente, son los adultos mayores los que presentan mayores dolencias y, por
ello también, son ellos quienes requerirían de mejores prestaciones. Pero el
sistema razona absolutamente al revés por cuanto su lógica es la utilidad
comercial y no la protección social.
c)
Adicionalmente,
para un adulto mayor resulta prácticamente imposible cambiarse de ISAPRE por
cuanto, por esas razones, no es aceptado en ninguna debiendo quedar
“prisionero” de aquella en que se encuentra y a merced de los planes que la
institución quiera ofrecerle los cuales, en la medida en que aumenta la edad,
son cada vez más desventajosos. Quizás, por eso, muchas personas mayores migran
a FONASA en la esperanza de mejor atención a menor costo.
d)
Un escollo muy
importante para poder contratar un seguro complementario lo constituye la edad
a la cual es posible entrar al sistema de seguros privados de salud. En la
mayoría de los casos, la edad máxima a la que se puede ingresar a un seguro de
salud son los 64 años. En otros, más “generosos” (y más caros) el límite para
ingresar son los 79 años. Hay casos raros, (encontramos solo dos ofertas en el
mercado) en los cuales es posible ingresar después de los 80 años pero los costos
son prohibitivos para una persona común y corriente.
e)
Otro problema es
que la permanencia en el seguro se vuelve muy difícil para las personas mayores
de 79 años. En gran parte de los casos, hay una explícita advertencia que el
servicio termina cuando se cumplen ochenta años y, en otros en que sí se puede
continuar, los costos se van incrementando de manera progresiva hasta volverse
inalcanzables para personas de ingresos medios o bajos. Normalmente aumenta el
valor de las primas, aumenta el deducible y disminuye el máximo de reembolso.
El argumento de que migrar a FONASA, disminuyendo los
costos de afiliación permitiría, con la diferencia, contratar un seguro
complementario, puede ser válido para personas jóvenes o de edades medias, pero,
dadas las condiciones del mercado, de ninguna manera para los adultos mayores.
No hay que olvidar que la mayoría de los mayores que
se encuentran en ISAPRES no son gente adinerada sino que se ubican en los
quintiles III, IV y V de ingresos, es decir, los más bajos. Así, para ellos, la
migración al sistema público les significará, una gran desprotección por cuanto
tendrán acceso a una atención más dificultosa y no podrán cubrir las
diferencias por no contar con un seguro complementario, empeorando la ya
deteriorada situación en que se encuentran en la ISAPRE.
Lo claro es que, en ambos sistemas, los adultos mayores
están desfavorecidos y esto se incrementa por los intereses comerciales de las
compañías de seguros los que se contraponen con la necesidad de atención del
grupo más vulnerable de la sociedad.
Hasta aquí, esta situación no ha sido suficientemente
relevada ni enfrentada por la autoridad de salud y urgen decisiones que
permitan terminar con una de las mayores discriminaciones que sufren las
personas mayores.
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