Puerta a Mayores

 

                            ADULTO MAYOR: LA MAYOR DISCRIMINACION

       Carta abierta a los convencionales de 100 profesionales y académicos adultos mayores

SOMOS MUCHOS

Somos la minoría más numerosa. Y lo seremos más aún en breve plazo. Hoy somos casi el 20% de la población y en breves años nos aproximaremos al tercio. Somos más que todos los pueblos originarios sumados. Y por supuesto, más que todas las minorías que hoy reivindican sus derechos.

Hemos construido este país que hoy los jóvenes heredan. Con sus virtudes y defectos, pero con gran sacrificio y entrega. En esa tarea hemos ganado experiencia y sabiduría y hemos dejado lo mejor de nosotros.

Hoy, sin embargo, aquello no es reconocido.

LA DISCRIMINACION.

No es tema de meros sentimientos sino de realidades objetivas.

Se expresa primero a nivel de las imágenes y representaciones sociales que nos muestran como personas disminuidas, incapaces e incluso infantiles. La vejez es vista como una etapa de decadencia y de pérdidas, y no como sabiduría y prudencia. El “edadismo” se ha impuesto y permea todas las relaciones, imágenes y mensajes sociales.

Y esto se expresa no sólo en las pensiones, sino que en el acceso al trabajo, en las instituciones, en la economía y en las leyes.

Quizás, el único ámbito en el que se ha creado conciencia pública sobre la discriminación a los mayores es en el tema de las pensiones, y en la necesidad de hacer real el derecho a un descanso digno al final de la vida.

Pero hay otros aspectos, tan fundamentales como aquél, en los cuales los mayores permanecen ocultos a la conciencia pública.

Hoy, tener más de 60 años constituye un factor negativo en el acceso a la salud. Las ISAPRES toman todas las precauciones para evitar a estos molestos clientes y, si no pueden hacerlo, se recompensan con tarifas elevadas y usurarias.

Así también los bancos buscan evitar el “riesgo” que conlleva tener clientes de avanzada edad evitando otorgarles tarjetas de crédito, abrirles cuentas y, por supuesto, darles créditos de cualquier tipo. No hay normativa que así lo establezca, pero es lo que ocurre.

Cuando queremos transferir un bien y vamos a notaría no podemos hacerlo, a menos que llevemos una constancia psiquiátrica de que estamos en pleno goce de nuestras facultades mentales. Esto, aunque les probemos que somos investigadores, profesores universitarios, científicos o hábiles empresarios.

En ciertos municipios tenemos dificultad para renovar la licencia de conducir por cuanto se cree que pasada cierta edad somos un peligro al volante, aunque las estadísticas digan exactamente lo contrario.

Si queremos permanecer en el mundo del trabajo, sea porque lo necesitamos urgentemente o por continuar nuestra vida laboral, encontramos muy serias dificultades para hacerlo. Salvo algunas honrosas excepciones en el mundo del retail, no hay oferta de trabajo para personas mayores. Y más aún, hay barreras muy serias para acceder a cualquiera posición laboral. A los prejuicios sobre las personas mayores se suma la creencia de que podrían ser más caros que los jóvenes y la falta de reconocimiento al aporte que significa la sabiduría que entrega la experiencia. No existen, como en países desarrollados, políticas que incentiven el acceso de los mayores al trabajo, ni tampoco iniciativas para aprovechar su saber, su amabilidad y su experiencia. Y eso que un tercio de las personas de entre 65 y 70 años declaran que les gustaría seguir trabajando. Y entre los que están trabajando, la mayoría quiere seguir haciéndolo.

EL ABANDONO

Pero la peor situación la sufren aquéllos que, por pobreza o carencia de familiares y de lazos sociales, viven los últimos años de su vida en la soledad y el abandono. Muchos, solos en la indigencia silenciosa, y otros, abandonados por sus familias en casas de reposo insuficientes y mal atendidas. Y, en el mejor de los casos, asistidos por hijas que sacrifican su propia vida por ellos. Y sin defensa jurídica alguna que obligue a sus familiares a auxiliarlos cuando ya no pueden sostenerse solos.

Aquí estamos ante un grupo de víctimas silenciosas, incapaces de levantar la voz y de reclamar sus derechos.

 

EL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN DEUDA

En el actual ordenamiento jurídico casi no hay lugar para los adultos mayores. La Constitución no hace mención clara a sus derechos, las leyes no contemplan la mayoría de las situaciones de daño, maltrato o abandono, y tampoco las obligaciones de las familias y del conjunto de la sociedad hacia ellos. Si bien la discriminación es parte de la vida cotidiana, la institucionalidad no parece darse cuenta de ella.

QUÉ PUEDEN HACER LOS CONVENCIONALES.

Es evidente que, al igual que en otros campos, las soluciones no dependen totalmente de lo que se  dictamine en la Constitución, sino que son materia de políticas públicas y compromisos gubernamentales. Sin embargo, también es cierto que se abrirá un camino muy diferente si en la Constitución se establecen claramente los derechos de los adultos mayores y la obligación del Estado y de todas las instituciones, públicas y privadas, de hacerlos realidad.

Por ello, creemos que, al menos cinco principios deberían quedar consignados en la nueva Constitución.

1.       Las personas mayores, sujetos de derechos y libertades: la constitución debería incluir explícitamente la obligación del Estado y de la sociedad de respetar los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida pública y en las actividades privadas.

2.       La plena capacidad jurídica: debería garantizarse el respeto a la plena capacidad jurídica de los adultos mayores, a menos que, como en el caso de cualquier ciudadano, hubiera pruebas de limitantes que lo impidan.

3.       El trato digno: se debería incluir la afirmación del derecho del adulto mayor al trato digno, y al goce de la plena autonomía social, jurídica y política.

4.       El acceso a bienes y servicios esenciales: debería establecerse la obligación del Estado de garantizar el acceso de las personas mayores a la salud, el bienestar y a un nivel de vida que permita cubrir las necesidades esenciales.

5.       El trato igualitario: debería establecerse la prohibición absoluta de discriminar por razones de edad a los mayores, sea en actividades e instituciones públicas y privadas como en la participación en actividades económicas y sociales de cualquier tipo.

 

UN GRUPO SILENCIOSO Y UNA DEUDA PENDIENTE

Posiblemente, no haremos desfiles ni manifestaciones que atraigan la atención pública.

Tampoco “rodearemos la Convención”.

 Pero somos una realidad que clama desde su silencio y con la cual el país tiene una deuda gigantesca.

Es hora de saldarla.